Consecuencia de la permanente exposición al celular, a los auriculares, a los videojuegos, a la música a todo volumen en el boliche, a la contaminación sonora en la calle y en los ambientes de trabajo, casi la mitad de los jóvenes de hoy tendrán problemas auditivos dentro de dos décadas. Según un informe de la Fundación Integrar, entre el 43 y el 48% de aquellas personas que en 2033 tengan 40 años padecerán zumbidos en los oídos por las causas ya señaladas, y necesitarán un audífono para escuchar. Para que ese diagnóstico no resulte inexorable, se requiere la ejecución de políticas públicas en diversas direcciones; en particular, en el cumplimiento de los controles municipales sobre sonidos ambientales, en la concientización acerca de los riesgos que encierra el uso ilimitado de tecnología con audio y en el acatamiento a la ley 25.415 (Programa Nacional de Detección Temprana y atención de la hipoacusia) en todos sus términos, incluida la provisión de audífonos, prótesis, implante coclear, y posterior rehabilitación, fonoaudiológica, psicológica y escolar. En Tucumán, los familiares de hipoacúsicos a veces tuvieron que llegar a judicializar la salud de los suyos porque hay obras sociales que incumplen con la ley nacional 25.415. Aunque desde los organismos prestacionales aseguran que la cobertura para la hipoacusia es total, abogados tucumanos expertos en salud afirman que tuvieron que recurrir en ocasiones a la Justicia para que las obras sociales cumplan con las necesidades del paciente.

En lo que se refiere a la contaminación auditiva, estudios realizados hace un par de años en el centro de San Miguel de Tucumán indicaban que la ciudad soporta sonidos de entre 90 y 100 decibeles, muy por encima de los 65 decibeles que las normas internacionales establecen como soportables.

En el mundo hay 360 millones de personas con sordera o hipoacusia profunda, y 32 millones son menores de 15 años, según la OMS. En la Argentina, cada año entre 700 y 2.100 niños sufren sordera. Expertos de la Fundación Integrar aseguran que cuatro de cada 1.000 chicos tienen ya trastornos de audición, con las consecuentes dificultades en la adquisición del lenguaje, entre otros impactos negativos. Muchos de esos niños no habrían llegado a esa situación si se les hubieran aplicado al nacer los métodos correspondientes de detección temprana. Según la ley 25.415, la realización del screening auditivo en el niño recién nacido es obligatoria. Sin embargo, en la provincia de Tucumán esa práctica no siempre se realiza. O se la efectúa cuando ha pasado un tiempo después del nacimiento, porque en el sistema público de salud no hay aparatología suficiente para responder a toda la demanda. En consecuencia, en numerosos casos al chico se le detectan dificultades en la audición sólo cuando ingresa a la escuela; es decir, a los cuatro años, cuando ya ha empezado a perder espacios de socialización. Hace unos días, las autoridades de la Maternidad reconocieron que tienen que dar turnos para el correspondiente screening. Sin embargo, advierten, son numerosas las mamás de sectores socioeconómicos más vulnerables que no regresan para hacerles el estudio a sus bebés. Frente a esa situación, nos parece que en los hospitales se debe reforzar el equipamiento de la correspondiente aparatología. Y que se debe encarar una campaña dirigida a las mamás jóvenes, concientizándolas sobre la importancia de la detección y tratamiento temprano de esa discapacidad que lleva a los chicos a aislarse.